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Docente e Investigador ‘María Goyri’, y de subir el presupuesto en
47,3 millones de euros, algo que simplemente sirve para hacer
que sobrevivan otro año más y puedan acometer labores de
mantenimiento en los edificios y pagar las nóminas de los y las
docentes y empleados, se necesitan por lo menos 200 millones
de euros más de inversión.
Según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, Madrid invierte un 0,4% del PIB en sus
universidades públicas, muy por debajo de la media estatal, que
está en 0,55%.
Y muy lejos en todo caso del 1% que establece la Ley Orgánica
del Sistema Universitario (LOSU). Esto contribuye a dejar a las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid en una
situación prácticamente insostenible, aun cuando el artículo 55 de
la LOSU establece de forma clara la obligación de las
administraciones públicas de garantizar los recursos necesarios
para la suficiencia financiera de las universidades. En nuestro
caso, dicha responsabilidad recae sobre el gobierno de la
Comunidad de Madrid, que debería cumplir con este mandato
para evitar un escenario crítico.
Ante esto, los rectores de las seis universidades públicas
madrileñas vienen advirtiendo que el sistema universitario
madrileño va a afrontar otro año más de precariedad laboral,
imposibilidad de reponer jubilaciones, de limitaciones en
promociones, paralización de proyectos formativos y de
investigación, y de retraso en la reforma de infraestructuras
obsoletas que representan un riesgo creciente para usuarios y
trabajadores.
No deja de llamar la atención que esta desinversión se produzca
en una región que supera en más de un tercio la renta per cápita
nacional y donde la dependencia de las transferencias estatales
es la más baja de España. Financiar la educación superior no es
un gasto, sino una inversión estratégica que beneficia tanto a la
ciudadanía como al tejido productivo regional y nacional. En una
región como Madrid, las universidades públicas son esenciales
para formar y atraer talento, generar conocimiento, impulsar el
progreso económico, fomentar la innovación científica y
tecnológica, y crear riqueza. Más que instituciones educativas, las
universidades públicas representan un bien común que debe ser
protegido y apoyado por la clase política y la sociedad a la que
sirven.
En el caso de Móstoles, la Universidad Rey Juan Carlos se erige
como una institución sin precedentes en nuestra ciudad,
impartiendo en el campus de Móstoles algunas de las carreras
más técnicas y que más preparación requieren. El presupuesto en
infraestructuras ha descendido más de un 15% en términos
absolutos desde 2009, esto sin contar la inflación, lo que pone en
grave riesgo el desarrollo de los planes de la URJC. Sin duda, el
gobierno de la Comunidad de Madrid prefiere que este tipo de
Pleno - 19/12/24
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