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muchos sectores sociales en el acceso a la vivienda (edad media
de emancipación en 29,8 años), en su tenencia segura y en la
evitación de su pérdida. Nuestro país, y más concretamente la
Comunidad de Madrid, sufre hoy una crisis de vivienda de
enormes dimensiones. La subida ilimitada de los alquileres, el
crecimiento sin freno de la especulación inmobiliaria por parte de
fondos buitres de inversión extranjera y el encarecimiento del
precio del suelo están generando una situación irrespirable para la
gente trabajadora, que se ve obligada a dejarse más del 50% de
sus ingresos en pagar un alquiler o los intereses de una hipoteca.
El precio de vivir en la Comunidad de Madrid está precarizando
vidas, afectando directamente al bienestar y a la salud mental de
madrileños y madrileñas.
El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, y su negacionismo
respecto al derecho a la vivienda, está condenando a la mayoría
social madrileña al empobrecimiento masivo para pagar unos
alquileres inflados, y endeudando a las familias trabajadoras, que
vuelven a ser objetivo de los bancos. A lo largo de la última
década, millones de familias han sido expulsadas sin vivienda
alternativa por impagos de hipoteca y alquiler. Ayuso, incluso,
llegó a vender la vivienda pública con sus inquilinos dentro a
fondos de inversión. A esta situación de precariedad habitacional
se le suman las decenas de miles de pisos turísticos, algunos sin
licencia, que dinamitan la convivencia en los barrios, expulsando
al vecindario, desplazando al pequeño comercio por grandes
cadenas. Seamos claros: el PP no quiere limitar el precio de los
alquileres porque gobierna para los rentistas y los fondos buitre.
Desde Podemos siempre hemos defendido que la vivienda es
nuestro derecho, y lo seguiremos defendiendo para que no nos lo
roben.
Por todo lo expuesto solicitamos al pleno de este Ayuntamiento
los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a la creación de un
marco legislativo permanente que recoja la prohibición de la
compra de vivienda a no residentes, así como la obligación de que
el 50% de la vivienda en manos de los fondos de inversión se
destine a alquiler social y se congelen los precios de alquiler.
SEGUNDO.- Instar al Instituto Nacional de Estadística a que
facilite los datos de viviendas vacías en cada municipio para crear
un registro que sirva para articular de un modo efectivo el recargo
en el IBI a aquellas viviendas que lleven vacías más de 2 años y
que pertenezcan a grandes tenedores según la Ley de Vivienda
estatal.
TERCERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
aplicar la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la
vivienda, prestando especial atención a la juventud y a los
Pleno - 24/10/24
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FIRMANTE(1) : PEDRO DANIEL REY FERNANDEZ | FECHA : 07/11/2024 15:04
FIRMANTE(2) : MANUEL BAUTISTA MONJON | FECHA : 08/11/2024 14:02 | Sin acción específica