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La Corporación Pleno por once votos a favor (correspondientes seis al
Grupo Municipal Popular, tres al Grupo Municipal Ciudadanos y dos al Grupo Municipal
Vox), trece votos en contra (correspondientes diez al Grupo Municipal Socialista, dos al
Grupo Municipal Podemos y uno al Concejal no adscrito Sr. Ballesteros Ferrero) y dos
abstenciones (correspondiente al Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles) acuerda
rechazar la moción transcrita.
20/ 264.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
RELATIVA A SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA, LA NO
REVISIÓN DEL DELITO DE SEDICIÓN.
Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, del siguiente
contenido literal:
“Recientemente, y en el marco de la negociación de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el gobierno de
España ha vuelto a hacer pública su intención reformar del delito de
sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a
quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan
pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las
vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma fue adelantada
por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena
impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, en
aplicación de dicho artículo.
El 10 de noviembre de 2022, el presidente del Gobierno confirmó que
presentará una iniciativa legislativa para derogar el delito de sedición y
sustituirlo por otro de “desordenes públicos agravados”. Las leyes de
España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la
conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el
Estado de“ Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún
args enté político y menos a las de aquellos que se levantaron contra
tra Nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de
Sdición por parte de los sediciosos.
Con este anuncio, el gobierno de España retoma un peligroso
precedente; el de ceder de manera constante y permanente a las
pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con
ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de
Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia
del poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal
Supremo y en la politización de la justicia al admitir que sean los
políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los
delitos que hán cometido.
Dicho de otra manera, de llevarse a cabo esta reforma, el gobierno de
España estaría participando activamente en el descrédito y el
menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son
las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política
Pleno - 14/12/22
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