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adoptarse, lesionarían injusta e injustificadamente a más de 5 millones de
pensionistas, rompiendo de paso uno de los logros mayores de nuestra
democracia: el Pacto de Toledo.
Conviene recordar que dicho Pacto de Estado se alcanzó en 1995 entre todos
los Grupos Parlamentarios, y mereció el respaldo de los sindicatos en 1996
mediante el Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de
pensiones.
Estos acuerdos, fruto de un amplio y responsable diálogo político y social,
sacaron a nuestra Seguridad Social de la incertidumbre económica y
garantizaron un sólido compromiso de todos para hacer viable y sostenible
nuestra Seguridad Social.
500.000 millones de pesetas de déficit, inseguridad de poder cobrar las
pensiones e incertidumbre de los pensionistas para mantener su poder
adquisitivo fueron, entre otras, razones para que todos los partidos asumieran
el Pacto de Toledo y sus recomendaciones.
La Ley 24/1997, de 16 de julio, de consolidación y racionalización de la
Seguridad, fue resultado directo del Pacto de Toledo, cuyo cumplimiento se
quiso garantizar con la participación de todos los Grupos Parlamentarios,
constituyendo al efecto una Comisión en el Congreso de los Diputados. Esta
Comisión ha ido evaluando el cumplimiento de compromisos y
recomendaciones desde entonces y lo ha hecho con eficacia y con rigor bajo
diversos gobiernos.
En la actualidad está examinando un documento de fecha 29 de enero de
2010, enviado por el Gobierno para examen y debate, de modo que los
acuerdos que pudieran alcanzarse dieran lugar a aquellas reformas y
modificaciones legales pactadas entre todos los grupos políticos, sin olvidar la
participación de los agentes sociales en el proceso de diálogo social
actualmente abierto.
El anuncio de recortes en los derechos de los pensionistas, principalmente el
derecho a la revalorización en función del IPC (artículo 11 de la Ley 24/1997,
de 16 de julio), viene a romper el Pacto de Toledo, una de las más
importantes conquistas de nuestra democracia. Estos recortes privan de
derechos a más de cinco millones de pensionistas y nos hace retroceder a los
tiempos en los que el Gobierno, según criterios de oportunidad y de
conveniencia política, daba o negaba la revalorización de las pensiones y, por
tanto, daba o quitaba poder adquisitivo a las debilitadas economías de los
pensionistas.
Se producirían otros efectos adicionales e indeseables de empobrecimiento
para los pensionistas al bloquear “sine die” la base sobre la que se
actualizarían las pensiones tras el bloqueo de su cuantía que plantea ahora el
Gobierno.
PLENO 10.6.2010
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