Sesión de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Móstoles del 18 de diciembre de 2025

con carácter retroactivo); 1,5% para 2026 (con una variable del 0,5% vinculada al IPC); 4,5% para 2027; y 2% para 2028. Todo ello, eso sí, se ha negociado a espaldas de las comunidades autónomas y las entidades locales, hasta el punto que hemos conocido que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el pasado 17 de noviembre, la titular de Ministerio de Hacienda a preguntas de los consejeros eludió dar respuesta alguna al respecto, y ello aun a pesar de ser las comunidades autónomas las principales afectadas de los posibles acuerdos a que lleguen sindicatos y gobierno en dichas reuniones, por cuanto son quienes concentran el mayor número de empleados públicos. A título ilustrativo de hasta qué punto es relevante lo que actualmente se ha negociado, de cara al impacto presupuestario que tendrá en las comunidades autónomas y en las entidades locales, según los datos facilitados por el Ministerio de la Función Pública en enero de 2024 de los 2.968.522 empleados públicos que había en España, las comunidades autónomas concentraban casi un 63% del empleo del sector público, es decir, 1.862.329 de trabajadores, las administraciones locales sumaban un total de 576.089 trabajadores o lo que es lo mismo casi un 20% del total de los empleados públicos, y el 17% restante se hallaba en la administración general. Todo ello elevará el gasto público de forma estructural en más de 22.000 millones, cantidad que habrá de sumarse a los incrementos acumulados del anterior acuerdo plurianual que suponía por sí solo un incremento de un 10% respecto del capítulo I, capitulo que en el caso de las entidades locales supone entre un 40% y un 60% de los gastos totales de las mismas. Y por ello, en la mayoría de los casos se dará la incongruencia de encontrarnos que, mientras es el propio Gobierno de la Nación a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Fundación Pública quien fuerza a las entidades locales a incrementar el gasto computable por encima de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto, luego, es ese mismo gobierno a través del Ministerio de Hacienda será quien recrimine a esas mismas entidades no cumplir con los límites de aplicación, todo ello con las consecuencias negativas que dichos incumplimientos suponen, más aún si hablamos de entidades locales sujetas a los respectivos planes de ajuste como consecuencia de estar adheridas a la medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros, donde se produce la quiebra absoluta del principio de autonomía local por cuanto al aprobar los presupuestos municipales se exige por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, que emite informe preceptivo y vinculante, que se reduzcan los gastos del capítulo II, con independencia del incremento de los costes de contratación por todos conocida, a fin Pleno - 18/12/25 Pág. 16/20