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A fecha de septiembre de 2025, más de 63.000 personas han sido
asesinadas en Gaza, entre ellas decenas de miles de niños y niñas.
Otras 159.000 han resultado heridas, y cerca de dos millones de
personas —la mitad menores de edad— han sido desplazadas de
manera forzosa, sin acceso garantizado a alimentos, agua potable,
atención médica ni refugio seguro. Según Naciones Unidas, más de
250.000 personas se encuentran en riesgo de desnutrición aguda. La
esperanza de vida en Gaza ha caído de los 75,5 años previos al
conflicto a apenas 34,9 en la actualidad.
La ofensiva ha provocado el colapso total del sistema sanitario, la
destrucción de viviendas, escuelas, universidades, hospitales,
infraestructuras eléctricas y de saneamiento, así como la devastación
de instalaciones humanitarias. Se trata de la ofensiva más letal jamás
registrada contra personal de la ONU, con más de 150 trabajadores
asesinados, y también contra periodistas, con más de 220 muertos.
En Cisjordania se ha intensificado la violencia por parte de colonos
armados, con apoyo o permisividad del ejército israelí, lo que ha
derivado en desplazamientos forzados, expropiaciones ilegales y una
mayor expansión de asentamientos en flagrante violación del Derecho
Internacional.
El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente
de Investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel ha cometido
genocidio contra la población palestina en Gaza, cumpliéndose al
menos cuatro de los cinco actos genocidas tipificados en la
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de
1948: matar, causar daño físico o mental grave, imponer
deliberadamente condiciones de vida para provocar la destrucción
total o parcial del grupo, y adoptar medidas destinadas a impedir
nacimientos. Asimismo, la Comisión señaló que existen pruebas
directas de intención genocida en declaraciones públicas de líderes
israelíes.
España, coherente con su compromiso internacional, ha reconocido al
Estado de Palestina, ha intervenido en el procedimiento ante la Corte
Internacional de Justicia y ha adoptado medidas en defensa del
Derecho Internacional y de los Derechos Humanos: embargo de
armas, restricción del tránsito de combustibles y aeronaves destinadas
al ejército israelí, prohibición de entrada de personas implicadas en
crímenes de guerra, así como un refuerzo del apoyo humanitario.
Los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía,
no pueden permanecer en silencio. Defender la legalidad
internacional, alzar la voz contra un genocidio y expresar solidaridad
con las víctimas forma parte de nuestra responsabilidad democrática.
ACUERDOS
“PRIMERO. - Reconocer la resolución de la Comisión Internacional
Independiente de Investigación de Naciones Unidas que califica como
genocidio las acciones de Israel en Gaza.
Pleno - 25/09/25
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