Sesión de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Móstoles del 23 de octubre de 2025

En este proceso, es de justicia también reconocer la labor del movimiento feminista. El trabajo de tantas asociaciones y mujeres anónimas que lucharon incansablemente hasta convertir la reivindicación en ley. Lamentablemente, los derechos de las mujeres no están libres de sufrir retrocesos, con iniciativas como la aprobada en el último pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre un inexistente ‘síndrome postaborto’, que supone un intento de culpabilizar y estigmatizar a las mujeres. No es la primera vez que el Partido Popular trata de recortar este derecho. Lo intentaron a través de su recurso rechazado en el Tribunal Constitucional y de la reforma fallida de la ley orgánica 2/2010 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Lo preocupante es que ahora lo hacen desde una institución que debería garantizar la igualdad y la libertad de las mujeres, además del respeto a la legislación vigente. Lo inaceptable es que ahora lo hacen con derechos conquistados hace 40 años. Por ello, el Gobierno de España, liderado por un presidente socialista, continúa en la senda de progreso y acaba de anunciar que llevará al Congreso de los Diputados una propuesta de reforma para incluir el derecho al aborto en la Constitución y así blindarlo frente a los ataques. En la Comunidad de Madrid no hay formación afectivo sexual en los centros educativos. Los centros de planificación familiar han desaparecido. Es la única región donde no se han financiado con recursos propios la píldora postcoital y métodos anticonceptivos modernos. Y solo el 0,37% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en la sanidad pública durante 2024. A esto se añade que las clínicas privadas autorizadas se ven obligadas a funcionar sin convenio ni contrato, sufriendo constantes retrasos en los pagos por parte de la Consejería de Sanidad. Además, la financiación pública de esta prestación para las mujeres de origen extranjero se ha reducido de forma alarmante. Tal y como se señala en el informe “El Aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, realizado por la Federación Mujeres Jóvenes, la Comunidad de Madrid no cuenta con un protocolo que regule de forma clara y homogénea el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ni tampoco con un registro de objetores de conciencia. Y siguen sin poner en marcha medidas que garanticen entornos libres de hostigamiento en las clínicas IVE. Estas actuaciones deliberadas en la Comunidad de Madrid obstaculizan el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria su embarazo. El Gobierno Autonómico tiene la obligación, tanto de garantizar que las mujeres puedan ejercer su libre derecho al aborto, como de abstenerse de realizar cualquier acto que vulnere los derechos sexuales y reproductivos. Y de procurar que otras administraciones no invadan sus competencias, como la informativa a las mujeres que deseen acceder a esta prestación sanitaria. Pleno - 23/10/25 Pág. 27/38