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responsabilidad no sólo formativa, sino también punitiva,
convirtiéndoles en alcaides de prisiones en lugar de docentes.
La introducción de este régimen sancionador plantea serias
preguntas sobre la autonomía universitaria y la libertad de
expresión.
Las universidades han sido históricamente espacios de
debate libre y de crítica social y política. Limitar estas actividades
puede tener un efecto paralizador en la comunidad académica,
disuadiendo a estudiantes y profesores de expresar opiniones
contrarias a las políticas gubernamentales.
Además, puede tener efectos desproporcionados sobre
ciertos grupos minoritarios, como, por ejemplo, la población
migrante, que dependen, muchas veces, de su capacidad para
organizar actos de protesta a la hora de hacer efectivos sus
derechos.
El futuro texto legislativo también incluye otros aspectos
como son un nuevo sistema de financiación para las universidades
públicas, que se haría a través de un plan plurianual revisable cada
cinco años. Estas instituciones contarían con una financiación
básica y la posibilidad de recibir tanto inversiones para necesidades
singulares, como una financiación adicional, es decir, dar
continuidad y ampliar la famosa colaboración público-privada, tan
conocida en nuestra comunidad.
La norma contempla, asimismo, la constitución de un distrito
único de prácticas para, según señala el ejecutivo madrileño,
facilitar y asegurar la igualdad de oportunidades entre todo el
alumnado a la hora de acceder a una plaza. Sin embargo, ya
hemos visto en otras ocasiones como el distrito único en el ámbito
educativo ha creado más problemas que los que venía
supuestamente a solucionar. Es necesario que el acceso a las
prácticas se garantice a todo el alumnado, indistintamente de su
nota media o de su capacidad adquisitiva. Algo que esta futura ley
ni se plantea.
Por todo lo expuesto solicitamos al pleno de este Ayuntamiento
los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a solucionar los
acuciantes problemas de la educación madrileña y cesar en sus
intentos de limitar la libertad de expresión y la autonomía
universitaria.
SEGUNDO.- Pedir la no tramitación de la Ley de Enseñanzas
Superiores, Universidades y Ciencia, hasta que se depure de
contenidos represivos ajenos a cualquier actuación docente.
Pleno - 24/07/24
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