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mayores de 65 años, lo que representa aproximadamente el 18%
de su población, con una creciente necesidad de atención y
recursos adecuados.
En el modelo actual, las residencias de mayores desempeñan un
papel crucial para atender a quienes no pueden permanecer en sus
domicilios. En Móstoles, existen un total de cinco residencias de
mayores, pero solo una de ellas es de gestión pública. Durante la
pandemia de COVID-19, la deficiencia en la gestión y la falta de
recursos se hicieron especialmente evidentes: en 2020, se
registraron en las residencias del municipio más de 200
fallecimientos entre personas mayores debido a la insuficiencia de
atención médica y a la escasez de personal en situaciones críticas,
una tragedia que no puede repetirse.
Estudios de CCOO, UGT y la Plataforma por la Dignidad de las
Personas Mayores en Residencias señalan que las condiciones de
las residencias concertadas y privadas en la Comunidad de Madrid
presentan numerosas carencias: insuficiencia de personal, falta de
control sanitario y en algunos casos, negligencias en la calidad de
los alimentos. La normativa en vigor en Madrid, basada en un
decreto de 1990, fija una ratio de personal por residente que resulta
claramente insuficiente. Mientras tanto, el Estado ha establecido un
Acuerdo Marco de Acreditación que prevé, a partir de 2024, una
ratio de 0,5 trabajadores por residente, lo que mejoraría de manera
sustancial la atención y condiciones de vida de los mayores en
estas residencias.
Esta situación es insostenible y urgente de abordar, tanto para
garantizar la dignidad en el cuidado de nuestros mayores como
para evitar que se repitan tragedias como las vividas en Móstoles y
en toda la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en la que
miles de personas mayores fallecieron sin atención médica
adecuada y en condiciones de soledad. La necesidad de plazas
públicas en Móstoles y de una mayor inversión en los centros
existentes es una realidad que este Ayuntamiento no puede
ignorar.
Por otro lado, es fundamental abrir un debate sobre el modelo de
residencias, abandonando el enfoque asistencialista por uno más
cercano al concepto de “hogar”, que respete el proyecto de vida de
cada persona. Es imprescindible favorecer modelos residenciales
que proporcionen entornos íntimos y unidades de convivencia más
reducidas, con un máximo de 15 residentes por unidad.
El derecho de los residentes a participar en la gestión de su día a
día en las residencias debe ser garantizado mediante consejos de
residentes con carácter vinculante. Asimismo, es prioritario que el
sistema sanitario público atienda adecuadamente a los residentes,
facilitando un seguimiento médico continuo y circuitos de atención
adecuados en caso de situaciones graves.
Pleno - 28/11/24
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