Documento 600

Ayuntamiento de Móstoles MOCIONES 20/ 170.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE ADOPCIÓN DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA NO APLICACIÓN DE RECORTES IMPUESTOS A LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL REAL DECRETO-LEY 21/2012 DE 13 DE JULIO. Vista la Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, del siguiente contenido literal: “La ley 39/2006, (LAPAD) supone el mayor avance en protección social en España en los tres últimos lustros, generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en situación de dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o servicio. Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber alcanzado su madurez, al cumplirse más de un lustro desde la aprobación de la Ley, está sufriendo un acusado proceso de deterioro que amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que durante estos años ha generado en atención a las personas en situación de dependencia y en la creación de empleo. Este Sistema está siendo descuartizado a golpe de Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que actúan en el sector. A ello se une la persistencia y agravamiento de algunos de los problemas estructurales de este Sistema, en particular la inequidad entre territorios autonómicos. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia contiene medidas que son desalmadas y crueles con las personas más vulnerables, al tiempo que son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una burla hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales. Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes: • La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de 4 beneficiarios son mayores de 65 años y el 54% mayores de 80). • El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando la descapitalización de las familias. • La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. PLENO 2012.09.27 Pág. 33/41