Documento 600

Ayuntamiento de Móstoles • La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. El Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben una media de 55 € al mes. • Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94% mujeres. • En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar. Todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades, suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención a los más de 270.000 del “limbo de la dependencia“ – personas que se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o servicio- que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio por lo que se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los últimos años. Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas en situación de dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional del Estado Social, cargando de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de dependencia sin apoyo alguno, y trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. Eso es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales y de beneficencia que marcaron el retraso de España con respecto a países europeos de nuestro entorno. Por todo lo anteriormente expuesto EL Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento de Móstoles que adopte los siguientes acuerdos: Instar al Gobierno de España para que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. Instar al Gobierno Central para que no aplique los recortes y la eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros. Instar al Gobierno de España a que cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia que afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, al menos al que se logró en su aprobación. Dar traslado al Gobierno Central, al Gobierno de la C.A. de Madrid, a los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, así como a la Federación de Municipios y Provincias.” PLENO 2012.09.27 Pág. 34/41