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Ayuntamiento de Móstoles
Un acuerdo que desde su artículo primero reconoce la igualdad
como un valor supremo del ordenamiento jurídico, que en su artículo
9 obliga a los poderes públicos a que las condiciones para la
igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas y que
era necesario remover los obstáculos que la dificultaban.
No solo eso, en el artículo 14 se establece como el primero de los
derechos y libertades el que “Los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”.
Por tanto, la igualdad de y entre los españoles es uno de los
principios que informan nuestro ordenamiento democrático y unos de
los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia.
Una igualdad de los españoles independientemente de donde vivan
por lo que este principio viene complementado con el de solidaridad,
tal y como recoge el artículo 138 cuando se afirma que “El Estado
garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad
consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el
establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre
las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a
las circunstancias del hecho insular” y rechazando que las
diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades
Autónomas pudieran implicar privilegios económicos o sociales.
A lo largo del desarrollo de nuestro proceso autonómico los
diferentes territorios han ido convergiendo en unos niveles de
autogobierno que ha hecho de España un modelo de
descentralización. Un-proceso que ha permitido que nuestro país sea
un moderno do social y de Derecho, gracias a la tarea que
desempeñar todas las instituciones del Estado, tanto el Gobierno
Di omo de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos,
s dibutaciones, los Consells y cabildos insulares.
Además, a lo largo de estas décadas, el Tribunal Constitucional ha
sido el garante de que la legislación, y, de modo singular, los
Ll Estatutos de Autonomía, se enmarcasen siempre de acuerdo con las
previsiones de nuestra Carta Magna.
Este desarrollo político, jurídico y administrativo se ha visto
enriquecido con nuestra participación en la Unión Europea, un
modelo de solidaridad entre pueblos y territorios.
Todo este bagaje se ve amenazado hoy por proyectos que buscan
romper la igualdad y solidaridad entre los españoles, así como por
propuestas de mutación constitucional que promueven consagrar la
desigualdad y el privilegio entre territorios y ciudadanos. Una
desigualdad que se ve acentuada en el día a día de los españoles
Pleno - 28/09/23
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