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Ayuntamiento de Móstoles
ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un
grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean
juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras
que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo
de Derechos Fumanos tienen pendiente resoluciones referidas a la
cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a
España.
En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los
poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La
reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de
la constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales
contra sus impulsores.
El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de
entre 9 y 13 años por sedición y malversación. El principal de los
responsables, Carles Puigdemont, huyó al extranjero. Desde
entonces trata de evitar la acción de los Tribunales españoles y
Europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre
Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras
cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca,
entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en
ocasiones por hechos de extremada gravedad.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se
registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los
Letrados emitieron un informe contundente. Además, tanto Pedro
Sánchez como Ótros ministros juristas de su Gobierno como Juan
'o8 "hechos y los supuestos jurídicos siguen siendo idénticos, pero
Ján cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un
intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se
ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además
de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende
utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la
Fiscalía y el Consejo de Estado.
El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de
delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho, equiparándolo, a ojos
del mundo, a una dictadura, y blanquear y considerar la legitimidad
de la sedición que se llevó a cabo; se les concedería a los golpistas
su falacia de que son «presos políticos». En definitiva, un inasumible
precio para cualquier gobernante decente, y para España entera,
que está causando una profunda conmoción social.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Móstoles
presenta la siguiente:
Pleno - 28/09/23
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