Documento 596

Ayuntamiento de Móstoles Tras las opiniones vertidas por los diferentes Grupos o miembros de la Corporación, que constan en el correspondiente Diario de Sesiones Sometida en primer lugar a votación la enmienda de modificación parcial de adición del Grupo Municipal Socialista, arriba transcrita, obteniéndose diez votos a favor (siete correspondientes al Grupo Municipal Socialista y tres al Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes) y dieciséis votos en contra correspondientes al Grupo Municipal Popular), por lo que la misma resulta rechazada. A continuación se somete votación la moción del Grupo Municipal Izquierda Unida- Los Verdes, arriba transcrita, obteniéndose diez votos a favor (siete correspondientes al Grupo Municipal Socialista y tres al Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes) y dieciséis votos en contra correspondientes al Grupo Municipal Popular), por lo que la misma resulta rechazada. 16/ 247.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA LEY DE TASAS JUDICIALES Y LA GRATUIDAD DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA. Vista la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista del siguiente contenido literal: “El pasado 20 de noviembre se aprobaba la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, una ley destinada a encarecer el acceso de los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales tanto en primera instancia como en instancias superiores y que viene a vulnerar de manera directa muchos de sus derechos fundamentales, como el de igualdad y la tutela judicial efectiva. Esta nueva ley ha sido aprobada solamente con los votos del PP a favor, y con toda la oposición y todo el gremio judicial en contra, ya que se trata de una medida recaudatoria con la que se pretende acabar con el colapso en la justicia impidiendo el acceso a la misma de los ciudadanos. Tanto la propuesta, tramitación, aprobación y publicación de esta ley ha supuesto uno de los episodios más sombríos en la moderna historia de la justicia en España. Esta decisión es extremadamente grave si se aplica en un contexto de crisis económica desbordada en el que el gobierno ha dado muestras de incapacidad manifiesta para afrontarla en clave de respeto a derechos fundamentales de las personas tales como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad, a un salario digno. La nueva normativa convierte en irreversible la posibilidad de solicitar que los tribunales puedan tutelar correctamente esos derechos, de ahí que instituciones públicas como el defensor del pueblo, colectivos profesionales, partidos políticos y asociaciones de usuarios se hayan plantado la posible inconstitucionalidad de la norma entendiendo que no ha sido suficiente la presión social durante la tramitación de la Ley, es necesario agotar los instrumentos legales para evitar o cuando menos paliar los efectos nefastos de la norma. Entre los efectos que estas nuevas tasas van a producir es un claro perjuicio y limitación de acceso a la justicia de los ciudadanos que tienen un nivel menor de renta per capita y aquellos PLENO. 2012.12.12 Pág. 35/40