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protección social nuevo ni paralelo a los servicios sociales autonómicos, sino
que viene a superar el carácter asistencial de la atención social a la
dependencia, reconociendo a ésta como derecho subjetivo.
Para Izquierda Unida, el desarrollo de esta ley debe suponer una valoración
que contemple las necesidades de apoyo para la autonomía y la calidad de
vida en igualdad de oportunidades y que no mida, de manera exclusiva, las
limitaciones de las actividades básicas de la vida; es decir, no sólo asistencia
sanitaria, personal y de cuidados sino, para su propia autonomía personal, lo
que significa acceso a su vida social y de ocio.
Hasta el momento de aprobar la Ley, las Administraciones Públicas no
estaban obligadas a garantizar la atención a cualquier ciudadano
dependiente, más allá del servicio que prestara en función de la cantidad
presupuestada y hasta donde alcanzara su voluntad política. Con esta ley, las
Comunidades Autónomas, incluida la Comunidad de Madrid, por mucho que
se resista a creerlo, tienen la obligación de garantizar a cualquier ciudadano
en situación de dependencia los servicios que necesite mediante una serie de
prestaciones y unas condiciones de acceso a esas prestaciones.
El ejercicio de la competencia de la Comunidad de Madrid, exige la garantía
de la responsabilidad pública de las actuaciones en materia de Servicios
Sociales y Dependencia, y ello, a través de una doble actuación: existencia,
organización y desarrollo de un Sistema Público de Servicios Sociales, y la
ordenación de las actuaciones de la iniciativa privada en sus diversas
modalidades que, al igual que la iniciativa pública, deben estar sujetas a
controles de calidad y autorización administrativa, todo ello con el objetivo de
conseguir unos niveles de atención, de homogeneización y homologación de
los mismos, exigibles en las diversas modalidades de oferta de prestaciones.
Por todo ello la Concejal de Izquierda Unida eleva al Pleno, para su
aprobación, los siguientes
ACUERDOS
Instar al Gobierno de la Comunidad a la adopción de las siguientes
actuaciones:
1. Refuerzo del personal municipal para la atención de la dependencia,
contemplando la financiación de personal en servicios sociales, para la
tramitación, aplicación, seguimiento y gestión de las prestaciones que otorga
la Comunidad de Madrid, en función de criterios objetivos tales como el
número de habitantes y población mayor de 65 años o menor dependiente,
proponiendo:
-1 trabajador social por cada 3000 habitantes, más 1 trabajador social y 1
auxiliar administrativo por cada 300 personas valoradas como dependientes.
PLENO. 11.11.2010
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