Documento 495

Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, así como lo establecido en el artículo 96.4.b) del actual Reglamento orgánico, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente: MOCIÓN 1.- El Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público va a suponer la paralización efectiva de la mayor parte de la actividad de las corporaciones locales en España, ya que en él se establece la restricción de endeudamiento y a celebrar nuevas contrataciones, además de poner en grave riesgo la cofinanciación de obra pública o la capacidad para prestar servicios básicos. 2.- Tanto en materia de inversiones y gasto corriente como de contratación, que se unen al resto de medidas de contención del gasto público y reducción de la morosidad, parece una obviedad que 2011 será un año de recortes en la inversión pública y de servicios a los ciudadanos que prestan las corporaciones locales en base a la Ley de Bases del Régimen Local 7/85. 3.- Además, la falta de liquidez en que se verán inmersas las entidades locales hará que en muchos casos tengan dificultades para pagar obras, proveedores e incluso, en los casos más problemáticos, para afrontar el gasto corriente o las nóminas del personal municipal. 4.- Así, el Decreto Ley de 8/2010 paraliza la inversión en los ayuntamientos ya que el artículo 14 plantea que la reducción de los costes de personal deberá destinarse, por orden de preferencia, a sanear el remanente de tesorería, a disminuir el nivel de endeudamiento y a la financiación de inversiones. Este hecho se agrava teniendo en cuanta que en el punto 2 del citado artículo se impide durante todo el año 2011 a las entidades locales solicitar créditos públicos y privados a largo plazo, los destinados a inversiones. 5.- Esta restricción se aplica también a los créditos de sustitución de operaciones ya existentes, lo que puede llevar a la paralización de obras en curso o a perder fondos ajenos, desde los de la UE hasta los del Plan 5.000, que establece que el pago del 15% que deberá realizar el Gobierno se efectuará en 2011, una vez finalizadas las actuaciones y justificado su pago. 6.- La Reforma Laboral aprobada por el Gobierno y convalidada por el Congreso facilita y abarata el despido, incrementa la temporalidad, da mayor poder a los empresarios y pone en riesgo elementos importantes de la negociación colectiva. Esta reforma junto con otras medidas promovidas por el Gobierno a través del Plan de Ajuste (congelar pensiones, limitar el derecho a la jubilación parcial, rebajar el salario de los empleados públicos, suprimir la retroactividad en materia de dependencia, reducir la inversión pública…) implica un recorte de los derechos sociales y laborales. Por todas estas razones, y con el objetivo de parar los ataques contra el Estado de Bienestar y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos han convocado una Huelga General el 29 de septiembre, con el total apoyo de Izquierda Unida. Desde Izquierda Unida, así como desde CCOO y UGT se plantea que hay otra política para salir de la crisis y reducir el déficit: reforzando la estructura de ingresos del Estado, combatiendo el fraude fiscal y reformando el sistema financiero y apostando por la inversión productiva. Por todo lo anteriormente expuesto, la concejala de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo Mixto, presenta para su aprobación en el Pleno, el siguiente ACUERDO PLENO. 09.09.2010 Pág. 47/48