Sesión de Pleno Ordinario del 29 de enero de 2026

que deben abonar los trabajadores autónomos a la Seguridad Social a partir de 2026. Según la propuesta trasladada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las cuotas anuales aumentarían entre 200 y 2.500 euros. Este incremento suponía un nuevo golpe al emprendimiento, al comercio local, a los profesionales liberales y a miles de familias que cada mes sostienen con esfuerzo su actividad económica. Sin embargo, ante la enorme presión del sector de los autónomos, de los agentes sociales y del Partido Popular, el Gobierno se ha visto obligado a rectificar. Esta rectificación, no obstante, no impide que el ejecutivo siga trasladando un incremento de las cotizaciones que habrán de abonar los trabajadores por cuenta propia. Más allá del sistema de cotización, muchos de los compromisos del Gobierno adquiridos con los autónomos en 2023 siguen sin materializarse. Compromisos que suponen mejoras fundamentales para el colectivo de autónomos en los ámbitos de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática. Este incumplimiento agrava el descontento del sector y refuerza la necesidad de que las administraciones locales y autonómicas reclamen al Gobierno un calendario claro de desarrollo, seguimiento y auditoría de las reformas prometidas. Asimismo, resulta imprescindible que el Gobierno de España ponga en marcha el régimen de franquicia de IVA, mediante la transposición de la Directiva europea 2020/285, cuyo plazo de aplicación expiró el 1 de enero de 2025, siendo España de los pocos países de la Unión Europea que no ha cumplido con esta obligación. Esta medida permitiría que los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros quedasen exentos de pagar y declarar el IVA, lo que su-pondría un alivio directo en sus cargas fiscales y una notable simplificación administrativa. Dar cumplimiento a esta normativa europea ofrecería un respiro real a miles de profesionales y pequeños negocios que sostienen el tejido productivo local. Desde el Grupo Municipal Partido Popular consideramos que no es el momento de castigar más al tejido productivo, sino de acompañar, facilitar y proteger a quienes mantienen la actividad económica en momentos de incertidumbre tanto en las grandes como en las pequeñas y medianas localidades de nuestro territorio. El Ayuntamiento de Móstoles no puede permanecer ajeno a esta amenaza para tantos vecinos y vecinas que son autónomos, y debe expresar de forma clara su rechazo al infierno fiscal y burocrático que se ha infligido a los ciudadanos desde el Gobierno de España y su apoyo a quienes con su trabajo diario sostienen la economía local. Pleno - 29/01/26 Pág. 58/65