Sesión de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Móstoles del 26 de febrero de 2026

resuelto el problema de la inmigración ilegal ni haya evitado su reiteración. Muy al contrario, estas regularizaciones han generado un efecto llamada permanente, debilitando el principio de legalidad y trasladando el mensaje de que el incumplimiento de la ley acaba siendo premiado. Asimismo, desautorizan a quienes respetan los procedimientos legales de entrada y residencia, generan tensiones sociales evitables, dificultan la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incrementan la inseguridad en barrios y municipios y deterioran gravemente la convivencia vecinal. Del mismo modo, la inmigración masiva e irregular sobrecarga de forma insostenible los servicios públicos esenciales, tales como la sanidad, la educación, la seguridad, el transporte y los servicios sociales; incrementa de manera exponencial la presión sobre la vivienda y las ayudas al alquiler; y supone un aumento constante del gasto de todas las Administraciones Públicas, sin una compensación real en términos económicos o sociales. Resultan especialmente graves las declaraciones públicas realizadas por portavoces del entorno político del presidente del Gobierno en un mitin celebrado en Zaragoza, en las que se expresaba el deseo de "barrer de fachas y racistas con gente migrante", "ojalá teoría del reemplazo" y "tras la regularización de inmigrantes, vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar". Estas manifestaciones, celebrando abiertamente la regularización extraordinaria, evidencian el interés de determinadas élites políticas por alterar el censo electoral y silenciar la voluntad de los españoles, anteponiendo la conservación de sus privilegios al bienestar, la seguridad y la convivencia social. Asimismo, el discurso reiterado según el cual la inmigración masiva es imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones resulta falso, tal y como demuestra, entre otros estudios, el Informe sobre el Coste de la Inmigración publicado recientemente por la Fundación Disenso. Los datos evidencian que, salvo casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no solo no compensa el déficit estructural del sistema, sino que lo agrava. Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, sino con políticas serias, valientes y orientadas al interés nacional. La afirmación sostenida durante años por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista de que España necesita millones de inmigrantes para sostener el sistema de pensiones se contradice con la realidad: la inmigración poco cualificada no financia las pensiones, sino que genera déficit. Resulta, además, profundamente contradictorio que quienes sostienen este discurso oculten que las tasas de desempleo de la población extranjera superan ampliamente a las de los nacionales. Con unas cifras de paro estructuralmente elevadas, en las que uno de cada cuatro desempleados en España es extranjero, resulta evidente que España no necesita inmigración masiva ni a corto ni a medio plazo. Carece de toda lógica insistir en importar mano de obra Pleno - 26/02/26 Pág. 52/77