Sesión de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Móstoles del 26 de febrero de 2026

mientras millones de españoles y cientos de miles de extranjeros ya residentes permanecen desempleados. Actualmente, más de 3,9 millones de inmigrantes viven en España sin trabajar, lo que representa aproximadamente el 58 % del total, estimado en torno a siete millones de extranjeros. Si a estas cifras unimos la ausencia de prioridad nacional en el acceso a cualquier ayuda/prestación pública, vemos como no sólo estamos endeudando a los españoles de a pie, sino que además en no pocas ocasiones, se quedan fuera del reparto social, lo que provoca que muchos españoles, a pesar de sus necesidades, queden excluidos del reparto social, incrementando el endeudamiento público y la fractura social. Este patrón no es exclusivo de España. Países con una mayor tradición de análisis del impacto fiscal de la inmigración han alcanzado conclusiones similares. En Dinamarca, el Ministerio de Finanzas publicó un informe en el que se constataba que los inmigrantes procedentes de países no occidentales generan un déficit fiscal anual superior a 4.400 millones de euros, déficit que persiste incluso en la segunda generación. En los Países Bajos, el CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis concluyó que los inmigrantes no occidentales y sus descendientes suponen un coste neto de 167.000 euros por persona a lo largo de su ciclo vital. El estudio destacaba que, incluso cuando los inmigrantes poco cualificados encontraban empleo, sus aportaciones no lograban compensar el uso de servicios públicos a lo largo de toda la vida, Además, se observaba que los hijos de inmigrantes poco cualificados tendían a reproducir el mismo patrón, prolongando los déficits fiscales intergeneracionalmente. En definitiva, mientras los españoles afrontan una profunda emergencia social y económica, con pérdida constante de poder adquisitivo, enormes dificultades para acceder a una vivienda y un deterioro evidente de la seguridad y de las infraestructuras, el Gobierno de España avanza en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos. El resultado es que cada año la inmigración detrae a los españoles más recursos de los que aporta, condenando el futuro de todos. Desde VOX consideramos que España debe adoptar una política migratoria firme, clara y respetuosa con la legalidad. No debe regularizarse a ningún inmigrante en situación ilegal, ya que ello solo incentiva nuevas llegadas, y debe avanzarse en la repatriación efectiva de quienes residan ilegalmente en territorio nacional, garantizando así el respeto al Estado de Derecho y la protección de nuestro Estado del Bienestar. ACUERDOS Primero. Rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de Ministros, por considerarla contraria al interés general y control ordenado de los flujos migratorios. Pleno - 26/02/26 Pág. 53/77