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Segundo. Instar al gobierno de España a la realización de una
auditoría integral, exhaustiva y transparente de todas las concesiones
de nacionalidad española otorgadas en los últimos años.
Tercero. Instar al Gobierno de España a proceder a la repatriación
inmediata de los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra
Nación, así como a garantizar la repatriación de los menores
extranjeros no acompañados con sus padres o representantes legales
a sus países de origen.
Cuarto. Instar al Gobierno de España a proceder a la deportación de
cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del
delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no
integrarse a la cultura de la Nación que lo acoge o intente imponer la
suya.
Quinto. Instar al Gobierno de España a establecer la prioridad
nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios
públicos, e instar a la adopción de medidas de remigración respecto de
aquellas personas extranjeras que, al no contribuir mediante su
actividad laboral y fiscal a la economía nacional y depender de forma
continuada de ayudas sociales, supongan una carga injustificada para
el Estado del bienestar. En todo caso, el acceso a los servicios públicos
por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de
cotización.
Sexto. El Ayuntamiento de Móstoles manifiesta que, ante el contexto
de emergencia habitacional sin precedentes, una emergencia en el
acceso al empleo y en las condiciones laborales y una emergencia en
el acceso a los servicios públicos esenciales, es necesario poner fin a
cualquier política migratoria que contemple como necesaria más
inmigración en este momento de saturación inmigratoria, así como
cualquier regularización que se produzca a estos efectos.
Séptimo. Instar al Gobierno de España a implementar una política
migratoria firme, ordenada y de acorde a las necesidades de nuestro
mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y
la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la
capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres.
Octavo. Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes
ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes
españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que
precisen hasta la devolución a sus países de origen.
Noveno. Instar al Gobierno de España a eliminar las subvenciones a
asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONGG's que promuevan
o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de
personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la
inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.
Décimo. Instar al Gobierno de España a acabar con las políticas de
efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y
Pleno - 26/02/26
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